POR POLITIKAUCAB EN FEBRERO 20, 2024
Tulio Ramírez
El Salvador es el país centroamericano que más ha ocupado centimetraje en los últimos años. De país extremadamente violento y con muy altos niveles de corrupción de su clase política, ha pasado a convertirse en un país donde la zozobra ciudadana se ha reducido al mínimo, gracias a las medidas tomadas por el presidente Bukele. Para muchos analistas, su reelección con más del 80% de los votos ha sido posible gracias al éxito obtenido en su lucha contra el hampa y el flagelo de la corrupción.
Sin embargo, para otros reputados analistas, Bukele sigue el mismo camino hacia el autoritarismo que siguieron Chávez, Ortega y Maduro. Algunos de los indicadores que, según estos críticos, fundamentan tales acusaciones, se resumen en los que a continuación mencionaremos.
Su estilo frontal en contra de la delincuencia le ha hecho ganar la fama de violador de los Derechos Humanos. También se le ha acusado de saltarse algunas de las garantías previstas en la Constitución de ese país. Por otra parte, su verbo retador contra los presidentes de la región que lo han pretendido descalificar, también es visto por otros, como una amenaza a la convivencia que debe privar en el hemisferio.
No es nuestra intención descalificar tales críticas. Tampoco es de nuestro interés tratar de ocultar o morigerar los posibles excesos cometidos por el recién reelecto mandatario. Nuestro interés es dejar en blanco y negro algunas diferencias de contexto para evitar la tentación de los simplismos al momento del análisis.
El Salvador, antes de la llegada de Bukele a su primera presidencia, era considerado junto con Colombia, dos de los países más violentos del mundo. Este ambiente de violencia venía precedido por los estragos de una Guerra Civil que, desde 1980 a 1992, dejó un saldo de más de 75.000 muertes y un número indeterminado de desplazados.
La firma de los Acuerdos de Paz en 1992, entre los diferentes grupos guerrilleros nucleados en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno nacional, no acabó con la violencia en ese país. La tasa promedio de homicidios durante los años 1992 a 2010 fue de 103 por cada 100.000 habitantes. Para el mismo período, Colombia, quien ocupaba el segundo lugar, mostró una tasa promedio de 77 homicidios por cada 100.000 habitantes.
A partir de los años 90, las pandillas Maras, originalmente nacidas en Los Ángeles, California, como producto de la discriminación y maltrato a los jóvenes refugiados centroamericanos, se expandieron a la región como consecuencia de las deportaciones masivas. Estas nuevas circunstancias, hicieron que El Salvador, Honduras y Guatemala fueran objeto de otro tipo de violencia. Ya no era la violencia producto de las diferencias políticas, ahora se trataba de la violencia callejera. Estos tres países, junto a Colombia y Venezuela, tuvieron el dudoso privilegio de ocupar los primeros lugares en todos los rankings de países peligrosos en América Latina. Para 2018, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en estos tres países era la siguiente: El Salvador (50,3); Honduras (40,6) y Guatemala (22,4). Solo por arrojar otra cifra, según los observatorios de violencia, Venezuela tuvo una tasa de 80 por cada 100.000 habitantes.
En este contexto Bukele gana las elecciones en 2019. Sus primeras medidas fueron el combate sin cuartel al hampa y a la corrupción. Cinco años después, los resultados están a la vista. Hoy los salvadoreños pasean libremente y sin temores, por espacios que les fueron vedados por más de 20 años. Esto podría explicar en buena medida, la masiva votación obtenida en las últimas elecciones a pesar de las alarmas que encendieron algunas organizaciones que defienden los derechos humanos. Se criticó duramente el Plan de Control Territorial que incrementó la presencia policial en las calles y el régimen de excepción que suspendió algunos derechos constitucionales.
Los resultados se vieron muy temprano. Para 2022, las cifras oficiales indican que la tasa de homicidios se redujo a 8 por cada 100.000 habitantes. A pesar de que las mismas han sido cuestionadas, se evidencia un cambio sustancial en la percepción de seguridad de los salvadoreños así como la afluencia de ciudadanos en espacios públicos poco transitados en otros tiempos. Se podría sostener como una hipótesis de carácter sociológico que la sociedad salvadoreña sopesó y decidió su voto, en función de los resultados positivos de las políticas implementadas. Los cambios se vieron y esto impactó en lo electoral.
Más allá de la valoración que se pueda hacer de estas políticas para lograr elevar los niveles de seguridad ciudadana, para juzgar a Bukele como dictador o protodictador, habría que incorporar al análisis aspectos que claramente identificarían una conducta premeditadamente dirigida a permanecer en el poder de manera indefinida y con el control férreo de todas las instituciones del Estado.
Habría que corroborar si en El Salvador se está siguiendo el guión que han seguido gobiernos que claramente han escogido la vía del autoritarismo para conservar el poder. Habría que evidenciar si Bukele o su partido tiene el control absoluto de todos los poderes; sí ha judicializado o prohibido a los partidos de oposición, bajo el argumento de una supuesta traición a la patria; sí ha cerrado medios de comunicación y encarcelado periodistas; si ha apresado a sindicalistas y líderes sociales por exigir derechos constitucionales; si ha asumido a las Fuerzas Armadas de su país como una guardia pretoriana al servicio de su proyecto político. De corroborarse todas estas conductas indudablemente que se debía concluir que está muy cercano a la condición de gobierno autoritario o francamente dictatorial.
Evidentemente no es una discusión sencilla. Sin embargo, haber triunfado con más del 80% de los votos, en unas elecciones supervisadas por observadores internacionales y con la participación, con todas las garantías, de partidos de oposición como ARENA (14,2%), VAMOS (3,2%) e incluso el FMLN, sin que se haya denunciado algún fraude electoral, mantendría la incógnita sobre la vocación dictatorial de Nayib Bukele.
